- La nueva propuesta chipriota, aunque en el papel mantiene el umbral de retraso de 3 horas, en la práctica eleva a 7 horas el límite de retraso para recibir compensación económica
- Además, los pasajeros cuyos vuelos de corta distancia sufran retrasos de entre 3 y 5 horas recibirán tan sólo 83 € -en lugar de los 250 € actuales-, una cantidad que ni siquiera cubre los gastos en que incurren los pasajeros afectados
- También incluye la denegación de compensaciones por cancelación a los pasajeros que opten por el reembolso o una reubicación posterior cuando sean informados con más de 48 horas de antelación a la salida, reduciendo así el actual periodo de protección de 14 días
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| Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA). |
ROIPRESS / EUROPA / SERVICIOS - La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) condena enérgicamente la última propuesta difundida bajo la Presidencia chipriota relativa a la revisión de la CE 261, el reglamento que recoge los derechos de los pasajeros aéreos a nivel europeo, calificándola de un peligroso retroceso de los derechos de los pasajeros disfrazado de compromiso.
Aunque la propuesta mantiene formalmente el umbral de retraso de 3 horas, APRA advierte de que el mecanismo de reducción progresiva introducido por el Consejo eleva, en la práctica, el umbral de indemnización a 7 horas, al recortar hasta en un 66 % las indemnizaciones por retrasos de entre 3 y 7 horas.
“Decir que esto es un compromiso favorable para los pasajeros es una broma”, declaró Tomasz Pawliszyn, presidente de APRA. “El Consejo pretende mantener el umbral de 3 horas mientras lo debilita completamente. Esta propuesta eleva el umbral a 7 horas, reduciendo al mínimo la protección de los viajeros”.
Según la propuesta, los pasajeros cuyos vuelos de corta distancia sufran retrasos de entre 3 y 5 horas recibirán tan sólo 83 € -en lugar de los 250 € actuales-, una cantidad que APRA califica de “compensación simbólica diseñada para desalentar las reclamaciones en lugar de proteger a los consumidores”.
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APRA advierte de que la propuesta crea la falsa impresión de proteger a los pasajeros, al tiempo que hace imposible su aplicación en la práctica: “Esta propuesta socava por completo la eficacia del Reglamento (CE) n.º 261 al destruir la viabilidad económica de la reclamación de indemnizaciones. 83 € ni siquiera cubren, ni de lejos, los gastos en que incurren los pasajeros afectados. Ningún profesional jurídico ni intermediario especializado en reclamaciones puede , de forma realista, llevar adelante casos por un valor de unos 83 € cuando una reclamación es rechazada injustamente. El Consejo está creando derechos sobre el papel que los pasajeros nunca podrán ejercer en la práctica”. Pawliszyn continúa: “Los formularios pre-rellenados tampoco solucionarán esta propuesta, ya que carecen de sentido si la compensación en sí se vuelve insignificante, especialmente porque las aerolíneas seguirán rechazando indebidamente reclamaciones válidas”.
APRA también da la voz de alarma sobre una opción adicional planteada por la Presidencia para denegar compensaciones por cancelación a los pasajeros que opten por el reembolso o una reubicación posterior cuando sean informados con más de 48 horas de antelación a la salida, reduciendo así el actual periodo de protección de 14 días. Además de privar de compensación a millones de pasajeros afectados por cancelaciones, esto podría socavar uno de los pilares fundamentales de los derechos de los pasajeros aéreos al debilitar la capacidad de los viajeros para elegir libremente entre reubicación y reembolso sin sufrir una penalización económica.
“Esto no es equilibrio. Se trata de un desmantelamiento sistemático de una de las leyes de protección del consumidor más exitosas de Europa», afirmó Pawliszyn. «Se está pidiendo a los pasajeros que renuncien a su indemnización, todo ello bajo el pretexto de un compromiso”.
“Esta propuesta es incluso peor que la posición anterior del Consejo”, añadió. “Ambas destruyen de facto los derechos de los pasajeros aéreos en Europa, pero al menos la versión anterior era honesta al respecto. Esta nueva propuesta es totalmente engañosa: enmascara un drástico retroceso en la protección de los consumidores tras la ilusión de mantener la regla de las 3 horas, mientras la despoja de cualquier capacidad real de aplicación o efecto”.
“APRA insta a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a que rechacen de plano esta propuesta y mantengan el Reglamento CE 261 como un marco de derechos efectivo para los consumidores. Si esta propuesta sale adelante, millones de viajeros se verán privados de protección. ¡Esto supondría un colapso total de la confianza en la legislación europea de protección al consumidor, algo que no puede permitirse!”
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